
¿Pueden los cubanos con I-220A ajustar estatus? Una teoría legal que sigue viva en los tribunales
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En los últimos meses, una teoría jurídica ha comenzado a ganar fuerza entre algunos abogados de inmigración en Miami respecto a uno de los temas más controvertidos en la comunidad cubana: si las personas con formulario I-220A pueden ser elegibles para ajustar estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Durante años, muchos solicitantes con I-220A han sido rechazados bajo el argumento de que no fueron “admitidos ni puestos en parole”, requisito esencial para este beneficio. Sin embargo, recientes desarrollos legales han abierto un nuevo espacio de debate.
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La base de la teoría: si eres solicitante de admisión, aplica la 1225
La teoría parte de un principio sencillo pero poderoso: toda persona que entra a Estados Unidos sin admisión es considerada, por ley, un “solicitante de admisión”. Esto la coloca automáticamente bajo el marco de la sección 1225.
Este punto ha sido recientemente reafirmado en el Undécimo Circuito, donde el propio gobierno reconoció que, en casos similares, la clasificación correcta no era la sección 1226, sino la 1225.
Y aquí está la clave.
Bajo la sección 1226, el gobierno puede liberar a una persona de varias maneras: mediante fianza o incluso bajo su propio reconocimiento, lo que en la práctica se refleja en documentos como el I-220A. Es decir, existen múltiples mecanismos de liberación.
Pero bajo la sección 1225, la ley es mucho más estricta: la persona debe permanecer detenida, y la única forma legal de liberación es el “parole” bajo la sección 212(d)(5). No hay fianza, no hay liberación bajo palabra. Solo existe una vía.
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El argumento central: si solo existe el parole, la liberación debe analizarse como parole
A partir de ahí surge la teoría que algunos abogados están defendiendo: si una persona está correctamente bajo la sección 1225, y la única forma legal de ser liberada es mediante parole, entonces cualquier liberación otorgada debe analizarse dentro de ese marco.
Este argumento no es completamente nuevo. En el pasado, la propia BIA, en Matter of O-, reconoció que cuando el parole es el único mecanismo legal disponible, la liberación puede interpretarse como suficiente para efectos de ese estatus.
Según esta línea de pensamiento, el problema no está en la falta de parole, sino en cómo se ha etiquetado esa liberación en la práctica.
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El rol del Undécimo Circuito: una oportunidad… pero no la decisión que se esperaba
El Undécimo Circuito recientemente anuló decisiones previas y devolvió el caso a la BIA para nueva evaluación. Sin embargo, muchos abogados coinciden en que esto no era el resultado ideal.
Lo que se esperaba era una decisión directa y clara que resolviera el fondo del asunto. En cambio, al devolver el caso a la BIA, se genera incertidumbre. Existe el riesgo de que la Junta emita una decisión desfavorable o, incluso, que el tema quede sin resolverse por un tiempo prolongado.
Para muchos, esto representa un retroceso en términos estratégicos.
Pero eso no significa que la teoría haya perdido fuerza.
Por el contrario, el hecho de que el gobierno haya reconocido la aplicación de la sección 1225 y que el Undécimo Circuito haya intervenido en casos similares proporciona herramientas argumentativas importantes. Abogados están utilizando estos desarrollos para persuadir a jueces de inmigración y fortalecer sus mociones, particularmente en solicitudes de terminación de procedimientos para permitir que USCIS evalúe los casos bajo este nuevo enfoque.
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Un precedente que refuerza el problema estructural
No es la primera vez que el propio gobierno reconoce inconsistencias en este tema. En 2022, tras el caso Rabelo v. Mayorkas, USCIS permitió reabrir solicitudes de ajuste de cubanos que habían sido negadas por no poder demostrar “admisión o parole”.
En ese momento, la agencia reconoció que ciertas decisiones previas estaban basadas en una desconexión entre la clasificación legal y las consecuencias de esa clasificación.
El problema, entonces, no es nuevo.
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Un debate abierto, no una derrota
Aunque el camino no ha sido lineal, esta teoría continúa desarrollándose dentro del sistema. El hecho de que no exista aún una decisión definitiva no implica que los argumentos carezcan de valor, sino que el debate jurídico sigue activo.
Para muchos abogados, el objetivo sigue siendo el mismo: lograr que la ley se aplique de forma coherente, respetando su estructura y evitando interpretaciones que generen resultados contradictorios.
En ese contexto, el caso de los cubanos con I-220A no está cerrado. Al contrario, se encuentra en una etapa donde cada argumento, cada moción y cada decisión judicial puede contribuir a definir su futuro.
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Enlaces y documentos relacionados:
CBP Memo (Detention of Applicants for Admission) 2025
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Aviso Importante:
Este artículo tiene fines exclusivamente informativos y no constituye asesoría legal. No fue redactado por un abogado. Antes de tomar cualquier decisión o acción en su caso, se recomienda consultar con un abogado de inmigración debidamente licenciado.
